Julio López Laborda, catedrático de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza, ha explicado que en un Estado descentralizado como el de España "está justificado que en determinadas materias existan diferencias entre regiones, tanto en el ámbito de los impuestos como en de los servicios".
Esta afirmación que puede parecer una barbaridad a los que adoran la centralización como única forma de gobierno posible y eficaz, es la lógica en un sistema como el español, donde cada territorio tiene sus normas y sus propias competencias. ¿Para qué si no, sirve entregar competencia a cada territorio, si no es precisamente para que los posibles y diferentes equipos de gobierno, gestiones y creen diferentes maneras de construir un territorio? Si queremos que los resultados sean iguales para todos, esto es incompatible con las autonomías.
Podemos y debemos tener diferentes calidades en sanidad, educación, inversiones, empresas, incluso justicia o seguridad. Dependerá de cada suma de individuos, de la política pero también de sus ciudadanos, de los territorios pero también de las rasmia que cada colectivo social sea capaz de hacer por el mismo y por él mismo.
La autonomía debe servir para tener preferencias y elegir. Para ser diferentes si así lo queremos los ciudadanos. Y por ello todo lo que gestionan de manera pública los políticos puede y debe obtener unos resultados diferentes a otros vecinos, en la misma medida en que no son iguales España y Portugal, tu vecino del tercero con el segundo, o dos niños que hacen toda su EGB en el mismo colegio. Salvando efectivamente las enormes diferencias entre estas comparaciones brutas.