Entre 1980 y 1984 hubo numerosos conflictos laborales, especialmente relacionados con la reconversión industrial, pero la primera gran huelga general de ámbito estatal contra un Gobierno democrático se produjo en 1985. La primera conclusión es que Felipe González afrontó cuatro grandes huelgas generales; Aznar, una; Zapatero, una; y Rajoy, dos en un mismo año. Y que cada uno saque sus propias conclusiones sobre esto, que serán variadas.
Cuando el PSOE llegó al poder en 1982, lo hizo con grandes expectativas de transformación económica y social, pero España atravesaba una profunda crisis industrial. La reconversión estaba provocando cierres, despidos y un aumento considerable del desempleo. Digamos que nuestra economía en global estaba muy vieja, muy anticuada, y el Gobierno de Felipe González consideró necesarias reformas estructurales para modernizar la economía.
Una de ellas fue la reforma de las pensiones de 1985, que, entre otras medidas, ampliaba de dos a ocho años el periodo utilizado para calcular su cuantía.
La más decisiva históricamente fue la Huelga General del 14D en 1988. España llevaba varios años de crecimiento económico. Pero los sindicatos consideraban que la mejora de la economía no estaba llegando suficientemente a los trabajadores. El detonante fue el Plan de Empleo Juvenil, que facilitaba la contratación de jóvenes en condiciones que los sindicatos consideraban precarias.
Felipe González retiró el Plan de Empleo Juvenil y abrió una etapa de negociación y medidas sociales, conocida como el giro social. La huelga no derribó al Gobierno —el PSOE volvió a ganar las elecciones de 1989—, pero demostró que una movilización obrera podía obligar al Ejecutivo a modificar su política. Posiblemente fuera ese el momento de mayor fuerza colectiva del sindicalismo español desde la Transición.
En los primeros años noventa, España afrontaba nuevamente una situación económica complicada. La entrada en el mercado europeo y las condiciones de aquel llamado Tratado de Maastricht exigían controlar el gasto público, la inflación y los desequilibrios económicos.
El 28 de mayo de 1992 se hizo una huelga de cuatro horas en la mayor parte del país. Se protestaba contra el endurecimiento de las prestaciones por desempleo y otros cambios laborales. Los sindicatos hablaron de un seguimiento del 80 %. El Gobierno, del 34 %. Tuvo una incidencia considerable en la industria y la construcción, menor en los servicios y no consiguió detener las principales medidas que venían desde europa.
El 27 de enero de 1994, en España se vivía una situación todavía más grave. España sufría una recesión y el paro superaba el 20 % de la población activa. CCOO y UGT convocaron otra huelga contra la reforma laboral de Felipe González. El seguimiento volvió a ser importante, aunque muy desigual según sectores. Los sindicatos hablaron del 90 %; el Gobierno, aproximadamente del 30 % algo habitual en estos tipos de contabilidades similares a las de las manisfestaciones. A todo el mundo se le olvida sumar.
El 20 de junio de 2002 se celebró la gran huelga general contra el Gobierno de José María Aznar. El motivo fue el llamado decretazo, una reforma que modificaba las prestaciones por desempleo y algunas condiciones laborales. Los sindicatos rechazaban especialmente las nuevas obligaciones para los desempleados y los cambios que consideraban perjudiciales para los trabajadores.
Otra vez las cifras de participación fueron radicalmente distintas: para los Sindicatos: alrededor del 85 %, para el Gobierno un 17 %. La huelga tuvo especial incidencia en la industria. Y aquí sí hubo consecuencias políticas significativas. El Gobierno terminó modificando sustancialmente parte de las medidas cuestionadas. Un mes después de la huelga, Aznar sustituyó al ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio.
Junto con la Huelga General de 1988, se considera que la de 2002 fue una de las huelgas generales con resultados políticos más visibles.
Entre los años 2010 y 2012 hubo tres huelgas generales por la crisis económica, y estas tres convocatorias deben entenderse conjuntamente. España estaba sufriendo las consecuencias de la crisis financiera de 2008, el estallido de la burbuja inmobiliaria, el hundimiento de la construcción y el incremento del desempleo.
La del 29 de septiembre de 2010 fue contra Zapatero. El Gobierno socialista aprobó una reforma laboral que los sindicatos consideraban perjudicial para la estabilidad del empleo. Fue importante en la industria, aunque tuvo menor incidencia en el comercio, los servicios y la Administración. No logró paralizar la reforma.
la del 29 de marzo de 2012 se produjo contra Rajoy. El nuevo Gobierno del Partido Popular había aprobado una reforma laboral de gran alcance. La norma ampliaba las posibilidades empresariales para modificar condiciones laborales y facilitaba determinadas formas de despido. Los sindicatos estimaron un seguimiento del 77 %. La patronal lo situó por debajo del 15 %. Las manifestaciones fueron numerosas y la incidencia industrial, elevada, pero la reforma continuó adelante.
Y el 14 de noviembre de 2012 hubo una segunda huelga general en el año. Era la primera vez que un presidente afrontaba dos grandes huelgas generales estatales en menos de doce meses. Esta segunda protesta tenía un alcance más amplio: los recortes presupuestarios, las políticas de austeridad y sus consecuencias sociales. Además, coincidió con movilizaciones en otros países europeos. Tampoco consiguió detener las políticas económicas del Gobierno.
Después del año 2012 se cambia el carácter de las huelgas. El 8 de marzo de 2018 hubo una huelga feminista, el 24 de noviembre de 2023 una contra la amnistía sin casi seguimiento, el 27 de septiembre de 2024 en solidaridad con Palestina, el 15 de octubre de 2025 también en solidaridad con Palestina hasta la actual del 11 de noviembre de este 2026 por la vivienda y la precariedad en el empleo.
La de hoy en 2026 en una Huelga General de 24 horas, convocada por casi todas las organizaciones sindicales y es la primera gran convocatoria conjunta de los dos sindicatos mayoritarios desde 2012. Sus principales reivindicaciones son el acceso a la vivienda, la mejora de los salarios, la reducción de la jornada laboral y la lucha contra la precariedad. Se produce a las puertas de las elecciones generales del 29 de noviembre, una coincidencia excepcional en la historia de estas movilizaciones. por lo que sus consecuencias se tendrán que valorar desde el nuevo gobierno que surja. Y aquí cada uno 0uede y debe pensar qué va a suceder a partir del próximo enero, tras el seguimiento poco o mucho, que haya hoiy mismo.
Cuando se estudian estas huelgas, aparecen diferencias verdaderamente enormes. Por ejemplo, en 2002 los sindicatos hablaron del 85 % y el Gobierno del 17 %. ¿Cómo es posible?
No solo son cifras mentirosas, sino que según como se quieran medir, un 17% puede ser más importante que un 85%, depende de sectores, de estrategias, de tipo de movilizaciones y de sus consecuencias.
Una fábrica parada completamente puede tener una incidencia económica enorme, aunque represente a pocos trabajadores. Una huelga muy secundada en la industria puede pasar casi inadvertida en determinados sectores comerciales. Las personas obligadas a cumplir servicios mínimos no deben confundirse con quienes deciden trabajar. Las cifras de manifestantes no equivalen a las de trabajadores que han dejado su puesto. La caída de la demanda eléctrica ayuda a observar la paralización económica, pero no permite calcular exactamente cuántas personas hicieron huelga ni en qué sectores.
El conflicto social ha cambiado. En los años ochenta y noventa las principales cuestiones fueron la reconversión industrial, los salarios, las pensiones y el desempleo. En 2010 y 2012, la crisis y los recortes. Y ahora aparecen con enorme protagonismo la vivienda, la precariedad, la desigualdad y unas condiciones de vida que afectan especialmente a las generaciones jóvenes.
Hay algo que me parece especialmente revelador. En el año 1988 el problema que inició la protesta fue la precariedad del empleo juvenil; en el año 2026, casi cuatro décadas después, vuelve a aparecer la dificultad de los jóvenes para construir una vida independiente, ahora muy ligada al precio de la vivienda.
