18.11.26

Vivienda en España. Posibles ideas (3)


Comentaba ayer algunos datos sobre el costo de construir una vivienda y ahora me toca hablar de posibles soluciones al problema de la vivienda y sus costes excesivos, una vez que ya tengo los datos brutos y aproximados de sus costes.

El problema del precio de la vivienda en España tiene una serie de condicionantes brutales que debemos enmarcar. Lo primero es poner sobre la mesa que la vivienda para habitar puede ser en compra o en alquiler. Aunque hay una tercera opción que no se contempla y que considero muy interesante, la de alquiler con derecho a compra.

La segunda cuestión es que hemos pasado en pocos años del deseo de tener una vivienda en alquiler de la que había una movilidad alta, a intentar tener una vivienda para toda la vida. Es una debilidad. Más cuando además y como tercera pata del problema, no hay vivienda suficiente en alquiler ni hay vivienda pública.

Los alquileres has alcanzado precios imposibles, se han ido modificando por diversos motivos los tipos de contratos de alquiler, y hoy la habitual es que utilicemos como sociedad a la vivienda, como un bien de inversión. Una inversión a la que aspiramos a sacar una rentabilidad alta.

Todo esto, junto al crash de la vivienda en 2008 y las malas políticas públicas de vivienda, han configurado un problema complejo y ahora mismo en 2026, peligroso incluso pues es muy complejo independizarse, cambiar de vivienda, o que haya movilidad hacia zonas tensionadas o hacia localidades pequeñas. El crecimiento del turismo, y el del número de habitantes en el país, han hecho el resto para tensionar más todavía el problema.

Si a una sociedad le metemos cinco millones de habitantes más, va a necesitar al menos un millón de viviendas más. Simple de entender. ¿Y qué se hace en Europa? Lo analizaré en otra entrada.

No hay duda de que la vivienda pública (casi) no existe en España. Ni tampoco la Vivienda de Protección en cualquiera de sus vertientes. Y también es cierto que nuestros trabajos de restauración o rehabilitación en vivienda vieja es muy inferior al de otros países. Eso convierte algunos barrios en zonas muy antiguas sin posibilidad de ser consideradas válidas en el corto o medio plazo.

Veamos algunas decisiones básicas que se deberían tomar.

La primera sería modificar los Planes de Ordenación Urbana de centenares de localidades de todos los tamaños. hay que agilizar esos procesos, ponerlos en marcha y abrirlos. La burocracia en estos aspectos juega en contra de las soluciones.

La segunda sería “buscar” terrenos públicos de entre las piedras, para convertirlos en Urbanos. Aquellas Operación Cuarteles de muchas ciudades sirvieron para dotar en algunas ciudades de enormes pastillas de terrenos público en el mercado. A veces hacia un mercado público o protegido, otras directamente a un mercado libre.

En esa línea habría que explorar zonas que hoy son industriales, agrícolas, etc, muy cercanas a las ciudades, para ser primero expropiadas y luego poderlas tras una modificación, sacarla al mercado. Esto es un procedimiento muy lento, y no debe ser el primero, aunque lo analicemos ahora mismo.

Lo público debe intervenir con urgencia. Con vivienda en alquiler y en alquiler con derecho a compra. Son dos figuras básicas para una solución más rápida. A partir de estas decisiones hay que legislar para marcar los precios públicos de estas dos figuras de vivienda pública que a miles deben salir al mercado.

Construyendo nueva vivienda que luego comentaré en qué condiciones, y comprando viviendas de segunda mano, desde empresas públicas, y que sean rehabilitadas y sacadas al mercado de alquiler.

Lo que sería ilógico es intentar marcar el precio máximo de alquiler libre, pues eso retraería más todavía la salida de vivienda a ese mercado, que ya es muy escaso. Resolveríamos en parte los precios altísimos, pero habría menos vivienda y eso haría que subieran de precio las de mayor calidad que no puede acceder el mercado público.

Es inhumano ver viviendas que son auténticos zulos, saliendo a un mercado de alquiler. Debería cambiar la exigencia mucho más dura por una cédula de habitabilidad que tuviera en cuenta solo a viviendas válidas y con una calidad y tamaño ya determinado. El resto es basura y nunca debemos consentir que sirvan de vivienda, de hogar. Hay que retirar del mercado todas esas infraviviendas que por la parte baja del mercado, sitúan los precios mínimos en lugares inhabitables.

No creo que sirva de mucho ayudar fiscalmente o con ayudas directas a los que desean o necesitan alquilar, pues eso no abarata el precio final, sino al contrario, incentiva la subida de precios al saber el propietario que aunque esté muy alto el precio se puede pagar. El coste de esas ayudas deben ir a comprar vivienda privada y convertirla en pública, y en rehabilitar.

Que el Estado o los Ayuntamientos compren vivienda no es un gasto sino una inversión como poco a “coste Cero”, pues siempre se tiene lo comprado como un activo público. En contabilidad no supone gasto, si una empresa pública con ayudas estatales o incluso europeas, con créditos del Estado, compra viviendas que luego piensa pagar con los ingresos de los alquileres.

El simple hecho de legislar en ese camino, de crear empresas públicas eficaces y no cuevas llenas de vacíos, tiene que mover los precios de mercado. Pero claro, deben ser empresas eficaces, que muevan cientos, miles de viviendas de sus propiedades actuales. ¿Se encarecerán esas viviendas si se sabe que hay una empresa pública comprando? Sin duda, y entonces deben ser las reformas legislativas las que permitan actuar sobre los mercados. Los precios de venta deben ser tasados de alguna manera legal. ¿Para qué sirve que en el Recibo de la Contribución una vivienda tenga un coste tasado de 100.000 y luego salga a la venta por 250.000?

Podría ser tan sencillo como legislar para que quien comprara una vivienda no tuviera que decir quien es, y a la hora de firmar ante Notario y pagar, demostrar que se compra para vivienda pública y pagar solo el precio del recibo de la Contribución. Hay que explorar fórmulas imaginativas.

Sigamos viendo opciones diversas. Tendría mucho más sentido facilitar promociones con viviendas eficientes y de dimensiones diversas, no creadas para ser la vivienda de toda una familia durante 50 años de vida. 

Por ejemplo, pisos de 50–65 m² para una o dos personas, y de 70–85 m² para hogares con 3 miembros que necesitan más habitaciones. No significa renunciar a la calidad media, al aislamiento o la eficiencia energética. Significa no incorporar sistemáticamente superficies y equipamientos caros que pueden elevar los precios y gastos de comunidad sin responder a las necesidades de esos compradores.

Y sin con los años se necesita o se desea otra calidad, tener ya un punto de palanca con el que poder dar el salto a una vivienda mejor y más grande.

Hay que crear un parque estable de alquiler asequible y esta sería una de las piezas centrales de cualquier programa a largo plazo. España dispone de un parque de alquiler social relativamente pequeño. La OCDE estimó en 2025 que, para aproximarse a la media europea, serían necesarias unas 850.000 viviendas sociales de alquiler adicionales, mediante construcción o conversión de viviendas existentes. Nos lo están diciendo desde fuera.

El desafío es doble: conseguir suficientes viviendas y evitar que desaparezcan de ese parque tras unos años. 

Una fórmula sería que administraciones públicas, empresas y entidades sin ánimo de lucro desarrollaran promociones sobre suelo público, manteniendo condiciones de alquiler asequible a muy largo plazo. También se puede recurrir a la compra y rehabilitación de edificios existentes cuando resulte más rápida y económica que construir. Su financiación exige compromisos presupuestarios plurianuales y una gestión profesional del parque de vivienda de alquiler en el medio plazo.

Una alternativa lógica es mantener la propiedad pública del suelo y ceder su uso durante varias décadas para promociones de alquiler con precios limitados. Así se elimina o reduce el desembolso inicial por comprar el terreno, aunque el suelo continúa teniendo un coste económico y de oportunidad. El precio del suelo no afecta al precio de alquiler, pues sigue siendo público aunque el edificio sea de Cooperativa o privado.

En determinadas zonas grandes o medianas puede resultar más útil rehabilitar viviendas deterioradas, transformar locales o edificios compatibles con el uso residencial, o incorporar al alquiler viviendas que llevan años sin utilizarse. Aquí es importante distinguir entre una vivienda realmente vacía y otra utilizada como segunda residencia, vivienda estacional o alojamiento temporal. Yo no hablo de esto.

También hay que crear unas medidas posibles que incluyan ayudas condicionadas a la rehabilitación y al alquiler asequible, garantías públicas y avales públicos frente a impagos, asesoramiento y procedimientos eficaces de resolución de conflictos.

El riesgo es que las subvenciones terminen beneficiando principalmente al propietario sin aumentar de verdad la oferta. Por eso deberían condicionarse a resultados verificables. Y en estos procesos tener un Banco Público simplifica los procesos.

Hay que mejorar la capacidad productiva de la construcción en España tras el parón que vino a partir de 2008. La falta de trabajadores especializados es un problema real, reconocida por instituciones españolas y europeas. La Comisión Europea recomendó a España en 2025 abordar tanto los plazos de permisos como la escasez de mano de obra en la construcción.

Un plan de vivienda debería estar coordinado con el aumento de la formación profesional, la homologación de cualificaciones, la mejora de las condiciones laborales y la industrialización constructiva. Hay que tener en cuenta que formar nuevos trabajadores y ampliar fábricas lleva tiempo. No puede entenderse que la capacidad productiva en construcción se duplicará automáticamente por anunciar el objetivo de crear un millón de viviendas nuevas.

Regular el alquiler atendiendo a los efectos reales de la intervención en ese mercado. Por un lado, un inquilino necesita estabilidad, protección frente a abusos y cierta previsibilidad en la evolución de su alquiler. Por otro, los propietarios necesitan seguridad jurídica, posibilidades razonables de recuperar sus viviendas y expectativas de rentabilidad para mantenerlas en el mercado.

Los controles de alquiler pueden limitar las subidas en determinados contratos, pero como ya decía antes, también pueden afectar a la oferta disponible, especialmente si los propietarios retiran inmuebles o los trasladan a otros usos. La magnitud de esos efectos depende del diseño concreto de la regulación y del mercado local. En los mercados tensionados también resulta necesario controlar los usos turísticos y temporales fraudulentos, sin confundirlos con actividades legítimas.

Mucho cuidado con ayudar directamente a los jóvenes con los alquileres que pagan pues eso encarece indirectamente las viviendas. Las ayudas al alquiler y los avales hipotecarios pueden facilitar el acceso a determinados hogares, pero hay un problema económico: cuando existen pocas viviendas disponibles, subvencionar la demanda puede trasladarse parcialmente a unos precios mayores ya que quien alquila sabe que parte no lo va a pagar él. Y los propietarios aumentan los precios por eso.

Los avales públicos para comprar vivienda también tienen limitaciones. Pueden resolver la falta de ahorro para la entrada en la compra, pero no convierten en asequible una hipoteca cuyas mensualidades superan la capacidad económica del comprador. Y esto conduce a una cuestión esencial. Los salarios y la estabilidad laboral forman parte de la política de vivienda, aunque no dependan exclusivamente del Ministerio de Vivienda. 

Avales públicos sí, pero con asesoramiento técnico contundente. Es posible que haya que negar ciertos avales y encaminarlos al mercado de alquiler, por falta de solvencia. Y aquí sí quiero ser contundente. Prohibido que avalen los familiares. Por varios motivos que se escapan a este texto.

Hay una referencia orientativa muy clara que no debemos saltarnos NUNCA. Que los gastos de la vivienda no supongan más del 30 % de los ingresos netos del hogar. No una regla universal, pero casi. Los hogares con rentas muy bajas pueden sufrir dificultades incluso por debajo de ese 30%.

Una vivienda nueva tiene un IVA del 10% y un AJD en Aragón del 1,5%. Estos conceptos habría que modificarlos. Si es una vivienda pública podría ser del 0%. Si es una vivienda privada del 21%. Esto compensaría la bajada de construcción de vivienda pública por vivienda privada. Y exigir que una vivienda pública a precio tasado, no se puede revertir en por ejemplo 50 años. O incluso nunca.

España necesita que el acceso a la vivienda deje de depender tan intensamente de la riqueza familiar previa. Y de las herencias posibles. Eso retrasa la emancipación de los jóvenes y crea un problema complejo. No porque todos los jóvenes deban ser propietarios, sino porque deberían tener una posibilidad real de emanciparse mediante alquiler o compra con unos ingresos laborales razonables.

Ninguna herramienta ante este problema es gratuita. Construir vivienda pública exige recursos, intervenir precios puede tener efectos secundarios, liberalizar suelo no garantiza automáticamente precios bajos y subvencionar compradores puede impulsar la demanda sin incrementar la oferta.

En España, disponer de una vivienda en propiedad ha sido históricamente una de las principales formas de seguridad económica de las familias, de inversión. Pero cuando el acceso de los hijos depende de que sus padres puedan ayudarles con dinero, avales o una vivienda heredada, esa seguridad familiar puede convertirse también en un mecanismo de desigualdad entre generaciones.