El alquiler con opción a compra es una fórmula que merece estudiarse seriamente para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes. Y tiene una relación muy directa con permitir que una persona empiece viviendo en un piso asequible, sin necesidad de disponer inmediatamente de los ahorros necesarios para comprarlo.
Además, no es una idea nueva ni exclusivamente española. Existen modelos consolidados en Francia, Italia y Reino Unido, aunque funcionan de maneras diferentes. En España este modelo se hace pero muy tímidamente.
Durante la vida de una persona, las necesidades residenciales cambian considerablemente. Una persona joven puede comenzar necesitando una vivienda de 45 o 60 m². Si forma una familia, quizá necesite 80 o 100 m². Y al llegar a una edad avanzada puede preferir una vivienda más pequeña, accesible y con menos gastos de mantenimiento.
Sin embargo, cuando comprar y vender una vivienda supone impuestos, gastos, trámites y financiación en hipotecas a 30 años, resulta comprensible que muchas personas intenten comprar desde el principio una vivienda para buena parte de su vida, aunque eso implique retrasar la emancipación.
El alquiler con opción a compra crea una vía intermedia entre ser inquilino y convertirse inmediatamente en propietario. Vamos a ver algunos detalles de Francia, Reino Unido e Italia.
El sistema francés llamado “location-accession”, regulado desde 1984, permite tener una vivienda pagando una cuota dividida en alquiler y adquisición. Una parte se acumula como anticipo del precio. El programa social PSLA añade condiciones especiales de acceso, límites y determinadas garantías. Si el beneficiario renuncia a comprar, la parte destinada a adquisición debe devolverse conforme a las reglas del contrato.
En Inglaterra existe “Rent to Buy”, que ofrece alquileres normalmente un 20 % inferiores a los del mercado para facilitar que los hogares ahorren para la la entrada de una vivienda. Hay una diferencia importante con Francia: no se descuenta automáticamente parte del alquiler del precio de la vivienda ocupada. Incluso comprar esa misma vivienda puede depender del acuerdo del propietario.
Desde 2014, Italia dispone de una regulación específica de contratos que permiten ocupar una vivienda y decidir posteriormente su adquisición. El contrato diferencia la parte destinada al uso de la vivienda de la que constituye un adelanto del precio de compra. Está diseñado tanto para operaciones privadas como para otras fórmulas de promoción.
Hay cuatro problemas que hay que analizar y tener en cuenta en cualquier programa de este tipo.
Precio futuro de compra: si se calcula según el valor de mercado, dentro de cinco años por poner un ejemplo, una subida importante puede hacer imposible la compra. Por eso importa establecer una fórmula conocida de precio final desde el principio.
Renuncia a comprar: si alguien cambia de ciudad, forma una familia o pierde el trabajo, debe saberse en el contrato qué sucede con las cantidades anticipadas. La experiencia francesa muestra mecanismos de devolución.
Financiación: una persona puede pagar puntualmente todos sus alquileres durante cinco años y no conseguir una hipoteca al final para la compra y eso hay que tenerlo en cuenta.
Pérdida del parque público: si las administraciones venden continuamente sus viviendas protegidas, pueden ayudar a unos hogares a comprar, pero perder viviendas disponibles para otros jóvenes en el futuro, excepto que se estén construyendo constantemente nuevas viviendas para reemplazar las que finalmente se vender. Con lo obtenido en los alquileres y ventas programadas, será sencillo seguir construyendo.
En lugar de vincular obligatoriamente el ahorro a una vivienda concreta, podría establecerse un sistema de alquiler público asequible, con ahorro acumulable y trasladable.
Imaginemos que una persona entra de alquiler con derecho a compra y a los 25 años de edad en un piso de 55 m². Durante cinco años paga una renta moderada y acumula una cantidad que puede emplear posteriormente en adquirir esa vivienda, otra más grande o una vivienda situada en otra ciudad.
Esta fórmula tendría una ventaja: facilitaría el cambio de vivienda según las necesidades laborales y familiares. Naturalmente, exigiría resolver quién custodia el ahorro, cómo se financia el programa y qué ocurre si el beneficiario nunca compra. Sería una propuesta de diseño, no una figura equivalente a todos los programas existentes.
También hay que contemplar que algunas personas prefieren alquilar durante toda su vida. No debería ser imprescindible convertirse en propietario para acceder a una vivienda estable y asequible.
Para que promotores privados accedan a estos modelos, se debe necesitar la creación de instrumentos específicos: financiación bancaria a largo plazo, garantías públicas, operadores especializados o colaboración público-privada. No basta con pedir a los promotores que esperen cinco o diez años para cobrar las viviendas que vendan. Con todo el modelo lógico debe ser la construcción de vivienda pública en alquiler con derecho (no obligación) de compra.
El alquiler con opción a compra puede ampliar las posibilidades de acceso, especialmente para hogares con ingresos relativamente estables pero sin ahorros suficientes.
Hay que distinguir dos objetivos: facilitar que los jóvenes lleguen a ser propietarios y a su vez asegurar que puedan disponer de una vivienda adecuada sin necesidad de comprarla. Son objetivos relacionados, pero distintos.
Quizá debamos dejar de considerar que la primera vivienda tiene que ser la definitiva, y empezar a diseñar un mercado residencial en el que cambiar de vivienda sea algo normal, económicamente posible y no un privilegio.
El alquiler con opción a compra puede ser una herramienta para acercarse a ese objetivo, siempre que preserve la libertad de elección y no convierta la posibilidad de comprar en una obligación económica.
